El Tribunal Superior de Madrid avala la concesión minera Fronterizo de Mina Muga

La sentencia confirma la legalidad de la concesión y la tramitación ambiental favorable del procedimiento que afecta a uno de los tres títulos mineros que integran el Proyecto Muga. La resolución definitiva sobre la cuestión competencial del conjunto del proyecto permanece pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción contra la concesión de explotación minera Fronterizo, una de las tres concesiones que conforman el Proyecto Muga, confirmando la legalidad del procedimiento administrativo seguido y desestimando tanto las alegaciones de carácter competencial como las relativas a la normativa ambiental planteadas por la organización ecologista. Asimismo, impone las costas a la parte demandante. La resolución supone un nuevo respaldo judicial a la tramitación de este título minero, sin perjuicio de que la resolución definitiva sobre el conjunto del Proyecto Muga continúa pendiente ante el Tribunal Supremo.

Esta resolución se suma a la admisión por parte del Tribunal Supremo, el pasado mes de mayo, de los recursos de casación interpuestos por el Gobierno de España, los Gobiernos de Navarra y Aragón y la propia Geoalcali contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra relativa a la concesión Goyo.

En conjunto, ambas resoluciones evidencian la solidez jurídica de un procedimiento administrativo excepcionalmente complejo, desarrollado durante más de quince años y coordinado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de Navarra y Aragón. La complejidad del proyecto, que se extiende sobre dos comunidades autónomas y tres concesiones mineras —Goyo, Muga y Fronterizo—, obligó a articular un procedimiento de coordinación administrativa a través de una Encomienda de Gestión, siguiendo en todo momento el criterio previamente establecido por la Abogacía del Estado.

Para Geoalcali, el pronunciamiento ahora conocido del TSJM constituye una nueva confirmación de que las actuaciones administrativas desarrolladas durante la tramitación de Mina Muga se ajustaron plenamente a Derecho. Estos últimos hitos, constatan la rigurosidad administrativa de un proyecto estratégico cuya autorización requirió la participación de cientos de organismos públicos, más de ochenta informes favorables y un proceso de evaluación técnica y ambiental que se prolongó durante más de quince años durante distintos gobiernos estatales y regionales.

Carles Alemán, CEO de Geoalcali ha dicho, «Que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite los recursos de casación, algo que ocurre en un solo un 10-15% de los casos presentados, y que ahora otro tribunal confirme la legalidad de una de las tres concesiones del proyecto, refuerza la consistencia jurídica de Mina Muga. Esperamos que el pronunciamiento definitivo del Supremo aporte la certeza necesaria para continuar con total seguridad jurídica con el proyecto. No obstante, resulta preocupante que la dilación de estos procedimientos y las actuaciones orientadas exclusivamente a obstaculizar proyectos estratégicos puedan erosionar la confianza de los inversores en España como destino de inversión industrial”.

Mina Muga es un proyecto estratégico para Europa por su contribución a la autonomía en el suministro de materias primas esenciales y a la reducción de la dependencia exterior de países como Rusia y Bielorrusia en potasa.

El proyecto prevé la creación de aproximadamente 800 empleos directos y hasta 7.000 empleos directos e indirectos, además de generar más de 1.200 millones de euros en ingresos fiscales durante su vida útil y actuar como motor socioeconómico para un territorio especialmente afectado por la despoblación.